Neuquén busca frenar los desarrollos inmobiliarios en tierras bajo riego

El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley para proteger, conservar y recuperar las tierras bajo riego en Neuquén, con el objetivo de frenar el avance de loteos y desarrollos inmobiliarios en zonas históricamente productivas.

“No podemos seguir perdiendo chacras”, sostuvo el mandatario al anunciar la iniciativa durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. El texto propone un régimen integral de protección y uso sustentable de suelos productivos, declarando de interés público provincial la preservación de las tierras bajo riego y la infraestructura asociada.

Prioridad agropecuaria y prohibición de loteos

La ley establece como prioritario el uso agropecuario del suelo y prohíbe la instalación de loteos, urbanizaciones o cualquier actividad que altere zonas productivas con aptitud agrícola, salvo viviendas familiares vinculadas directamente a la explotación.

El Ejecutivo argumentó que Neuquén es un territorio predominantemente árido y semiárido, donde las tierras irrigadas representan apenas 115.000 hectáreas, equivalentes al 1,22% del total provincial, lo que las convierte en un recurso estratégico y no renovable en términos productivos.

El proyecto advierte que en los últimos años se perdieron aproximadamente 10.000 hectáreas netas desde 2015, especialmente en los valles irrigados de los ríos Neuquén y Limay, producto de transformaciones del uso del suelo sin planificación ni compensaciones adecuadas.

Según explicó el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, la iniciativa busca resguardar suelos que fueron el motor de los primeros asentamientos y de la matriz productiva provincial. También señaló que el suelo con aptitud agrícola “no es renovable” y que la ley apunta a impulsar la producción y orientar el desarrollo urbano hacia otras áreas.

Alcance, control y sanciones

La norma abarcará tierras de dominio público o privado, estén o no en producción, siempre que cuenten con sistemas de riego y drenaje o con aptitud agrícola reconocida por autoridad competente.

La autoridad de aplicación será la secretaría de Producción e Industria, que tendrá facultades para identificar y registrar suelos productivos, elaborar un programa provincial de conservación, monitorear la calidad del suelo, exigir planes de manejo y aplicar sanciones administrativas.

También podrá aprobar una zonificación específica con dos categorías orientativas: ZP1 (protección prioritaria) y ZP2 (uso condicionado), con el fin de armonizar el desarrollo territorial y la preservación de la infraestructura de riego y drenaje.

Se creará además el Consejo Provincial para la Protección de Suelos Irrigados, de carácter consultivo y asesor.

En cuanto a las infracciones, serán sancionados propietarios o terceros que bloqueen canales, alteren el escurrimiento, impulsen loteos prohibidos, realicen obras sin permiso o incumplan servidumbres. Las sanciones podrán incluir apercibimientos, multas, suspensión de actividades, clausura preventiva o definitiva y obligación de recomposición ambiental.

Las multas estarán expresadas en IUS y se clasificarán en leves (50 a 500 IUS), graves (501 a 5.000 IUS) y muy graves (5.001 a 20.000 IUS). Lo recaudado se destinará al Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados.