A partir de una investigación de la fiscalía de Narcocriminalidad junto al departamento Antinarcóticos de la Policía, la fiscal del caso Eugenia Titanti formuló cargos a tres personas por vender drogas en una despensa que funcionaba como fachada, y pidió al juez la clausura preventiva del comercio.
Ocurrió durante una audiencia realizada el sábado, en la que el magistrado hizo lugar a las imputaciones y cerró el local comercial por cuatro meses. Además, también a partir de un planteo de la fiscal del caso, dictó prisión preventiva para uno de los acusados.
Según la investigación, desde al menos el 19 de enero hasta el 27 de febrero de este año, tres personas identificadas como N.B., R.M. y J.M. vendían droga en un inmueble ubicado en el Barrio Nuevo, que funcionaba bajo la fachada de una despensa. De acuerdo con la teoría del caso, N.B. dirigía la actividad y coordinaba la apertura y cierre del local; R.M. atendía el punto de venta y realizaba los intercambios; mientras que J.M. facilitaba su cuenta de billetera virtual para canalizar el dinero de las ventas.
En un allanamiento realizado horas antes de la audiencia –el viernes 27 de febrero-, personal policial secuestró más de $3,7 millones en efectivo, clorhidrato de cocaína, recortes de nylon utilizados para fraccionamiento y una pistola con la numeración limada y municiones en su cargador. Parte de la sustancia y el arma fueron halladas en el baño del departamento ocupado por N.B.
Junto al asistente letrado Bruno Miciullo, la fiscal Titanti encuadró los hechos en el delito de comercio de estupefacientes (artículo 5, inciso “c” de la Ley 23.737) en calidad de coautores para los tres acusados. Además, a N.B. se le atribuyó tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento, en concurso real.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Cristian Piana hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por ambos representantes de la fiscalía y fijó 4 meses de prisión preventiva para N.B., al considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Respecto de los coimputados dispuso la obligación de establecer domicilio en una vivienda distinta a la investigada, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del inmueble clausurado y la presentación semanal ante el Ministerio Público Fiscal.
