Debate sobre la baja de imputabilidad «Falta evidencia científica y consenso federal»

l marco del debate legislativo sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina, Germán Martín, profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Río Negro, analizó las falencias del proyecto oficial y advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de su implementación.

Críticas al proyecto: Una mirada académica

Para Martín, la propuesta actual no responde a las necesidades federales del país y carece de un análisis integral. El especialista destacó tres puntos críticos:

Ignora los avances provinciales: El proyecto no reconoce las «buenas prácticas» y la legislación de vanguardia que provincias como Neuquén, Catamarca y Entre Ríos han desarrollado en los últimos 20 años, incluso bajo la vigencia de la ley 22.278 (de la dictadura).

Ausencia de diferenciación: A diferencia de otros países de la región que fijan la edad en 14 años, este proyecto no contempla intervenciones diferenciadas por franjas etarias (14-15 vs. 16-17 años), algo que la ciencia y el sentido común recomiendan.

Inconsistencia en las penas: Un punto alarmante es que la ley fija un máximo de 15 años de prisión. Esto podría provocar la liberación masiva de jóvenes en provincias como Buenos Aires y Santa Fe que hoy cumplen condenas superiores por delitos gravísimos.

Mitos y realidades de la seguridad pública

El especialista desestimó la vinculación directa entre la baja de la edad y una mejora en la seguridad pública, calificándola como «dudosa» y carente de evidencia científica:

1. Incidencia marginal: El delito adolescente representa un porcentaje muy bajo del total de la criminalidad. Sin embargo, el impacto mediático de los casos graves genera una percepción distorsionada.

2. Relación inversa: Citando datos de UNICEF, Martín señaló que los países con las edades de punibilidad más bajas suelen ser los que presentan mayores índices de inseguridad.

3. Falta de presupuesto: La reforma exigiría una inversión económica masiva en infraestructura y personal especializado que no está prevista en el presupuesto nacional.

Finalmente, el profesor de Criminología recordó que los organismos internacionales sugieren no legislar sobre estos temas bajo el calor de delitos graves recientes o en periodos electorales, ya que esto suele derivar en leyes superficiales y confusas. «Se debe legislar en frío», concluyó, advirtiendo que, de aprobarse tal como está, el sistema no solo no funcionará, sino que destruirá las redes de contención y justicia juvenil que ya operan con éxito en el interior del país.