Neuquén NoticiasEl Plenario de CONADU Histórica resolvió convocar a un paro nacional de 48 horas con movilización para los días 27 de febrero y 2 de marzo, en el marco de un plan de lucha en defensa de los derechos laborales y el salario de la docencia universitaria.
La primera jornada de protesta tendrá lugar el 27 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado de la Nación de la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Desde la federación calificaron la iniciativa como “regresiva” y señalaron que la medida de fuerza busca expresar el rechazo del sector a los cambios propuestos, al tiempo que reafirmaron su pliego de reclamos centrado en la defensa de las condiciones de trabajo y la recomposición salarial.
En tanto, el lunes 2 de marzo se realizará la segunda jornada de paro, que incluirá una movilización conjunta con docentes de todos los niveles educativos del país. La convocatoria se enmarca en una protesta más amplia contra el paquete de leyes promovido por el Gobierno nacional y en defensa del sistema educativo público.
Entre las principales demandas, CONADU Histórica destacó la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, la convocatoria a la paritaria nacional docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), considerado un componente clave del salario docente.
Desde la federación subrayaron que las medidas apuntan a “defender la educación y la universidad pública” frente a lo que describen como un escenario de ajuste y pérdida del poder adquisitivo. Asimismo, anticiparon que evaluarán la continuidad del plan de lucha en función del avance de las iniciativas legislativas y de las respuestas del Gobierno nacional a sus reclamos.
Cambios en la negociación colectiva
Uno de los ejes centrales de la reforma es la descentralización de los convenios colectivos de trabajo. El texto establece que los convenios de mayor alcance no podrán modificar ni disponer sobre los acuerdos de menor ámbito. Esto significa que los acuerdos por empresa tendrán mayor peso que los convenios de actividad, lo que reduce el poder de negociación de los sindicatos y fortalece la autonomía empresarial en las relaciones laborales.
Además, el proyecto elimina la llamada “ultraactividad”. De esta forma, los convenios colectivos con plazo vencido dejarán de tener efectos hasta la firma de un nuevo acuerdo, aunque se mantendrán vigentes las normas básicas sobre condiciones de trabajo.
Salario dinámico y nuevas formas de remuneración
La reforma habilita la incorporación de componentes salariales variables o transitorios por encima del salario básico. Estos podrán ser acordados en convenios colectivos, acuerdos de empresa, pactos individuales o incluso por decisión unilateral del empleador.
También se incorpora la posibilidad de pagar remuneraciones en moneda extranjera, además de las modalidades actuales como especie, alimentos o vivienda.
Indemnizaciones y juicios laborales
El proyecto mantiene el esquema de indemnización por despido sin causa de un mes de sueldo por año trabajado. Sin embargo, excluye del cálculo conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios.
En materia judicial, se establece que las sentencias laborales podrán abonarse en cuotas: hasta seis pagos mensuales consecutivos, o doce en el caso de pymes, con actualización por inflación y un interés anual del 3%. La determinación de montos quedará sujeta a la interpretación de los jueces.
Fondo de Asistencia Laboral
Se crea un fondo para financiar despidos, con aportes mensuales obligatorios del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes. A cambio, las compañías obtendrán descuentos en contribuciones patronales destinadas al sistema previsional administrado por la ANSES.
Jornada laboral, banco de horas y vacaciones
Se incorpora el sistema de banco de horas, que permite compensar jornadas extensas con reducciones en otros días. La jornada máxima podrá llegar a 12 horas, con descansos obligatorios, siempre sin superar el límite semanal.
Las vacaciones podrán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril y tomarse en forma fraccionada, con un mínimo de siete días. Los empleadores deberán notificar con 45 días de anticipación.
Antigüedad y reingreso
El texto dispone que el trabajador que reingrese a la empresa podrá computar la antigüedad previa. No obstante, si el regreso se produce después de dos años, ese tiempo no será considerado.
Cambios en el régimen sindical
El proyecto establece un tope del 2% para las cuotas solidarias, limita la realización de asambleas dentro de los lugares de trabajo sin autorización empresarial y reconoce a los delegados un crédito de hasta 10 horas mensuales pagas para funciones sindicales.
Restricciones al derecho de huelga
Se amplía la definición de servicios esenciales y se incorporan los “servicios trascendentales”. En estos casos, se deberá garantizar un funcionamiento mínimo del 75% y 50%, respectivamente. También se tipifican como infracciones graves los bloqueos que afecten la libertad de trabajo.
Responsabilidad empresarial y tercerización
Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal en la contratación de terceros. Los trabajadores serán considerados empleados directos de la empresa que los registre.
Plataformas digitales
Los repartidores y trabajadores de aplicaciones serán considerados prestadores independientes y no empleados en relación de dependencia, aunque las empresas deberán contratar seguros de accidentes y brindar capacitación.
Incentivos al empleo y pymes
El proyecto prevé beneficios para empresas que contraten nuevos trabajadores, con reducción de contribuciones patronales. Además, crea un régimen especial de inversiones para pequeñas y medianas empresas con ventajas impositivas.
Cambios tributarios y sectoriales
La iniciativa incluye la derogación de impuestos internos a embarcaciones, aviones, automóviles y celulares, así como la exención de intereses de plazos fijos en dólares y de la venta de viviendas desde 2026. También se propone eximir del impuesto a la energía utilizada para riego agroindustrial.
Reforma judicial y organismos culturales
El texto prevé el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Además, posterga hasta 2028 la eliminación de impuestos que financian al INCAA.
Derogaciones y nuevos marcos regulatorios
Se deroga la ley de teletrabajo vigente y se la reemplaza por un sistema más flexible. También se establece la eliminación de estatutos profesionales específicos, como el del periodista, en el plazo de un año desde la sanción de la norma.
