El Gobierno levanta el escudo arancelario del aluminio y le manda un mensaje a ALUAR

Con la firma de Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Resolución 172/2026 del Ministerio de Economía cerró un capítulo de seis años de protección arancelaria a uno de los monopolios industriales más consolidados de la Argentina. El producto en cuestión es técnico y poco conocido para el gran público: el foil de aluminio, esas delgadas hojas metálicas que envuelven alimentos, medicamentos y bebidas, y que también se usan como aislante en la construcción. El actor en cuestión, en cambio, es muy conocido en los pasillos del poder: ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C., la única empresa que produce aluminio primario en el país y, no casualmente, la única que fabrica foil.

Desde marzo de 2020, las importaciones de foil chino pagaban un arancel adicional del 28% al ingresar a la Argentina, una barrera impuesta tras una investigación que determinó que China vendía el producto por debajo de su valor normal, práctica conocida como dumping. Esa medida venció, ALUAR pidió su renovación, y el gobierno de Milei dijo que no.

El expediente que incomodó a todos

La historia de cómo se llegó a esta decisión es, en sí misma, reveladora. Cuando la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) —el organismo técnico encargado de analizar el impacto de las medidas de defensa comercial— revisó el expediente, encontró algo que no suele aparecer en este tipo de resoluciones: evidencia de que la protección había sido utilizada para consolidar una posición de dominio, no para competir mejor.

Los números son elocuentes. Entre 2019 y 2024, la participación de ALUAR en el mercado argentino de foil pasó del 64% al 91%. En ese mismo período, el precio internacional del aluminio primario —el principal insumo de la empresa, que representa entre el 60% y el 65% del costo del foil— cayó un 16%. Sin embargo, los precios del foil nacional subieron entre un 5% y un 7% en términos relativos. La empresa que pedía protección porque supuestamente sufría la competencia desleal china había aumentado simultáneamente sus precios y su cuota de mercado.

La CNCE no lo dijo con esas palabras, pero el mensaje implícito en su dictamen fue claro: la medida antidumping funcionó como un paraguas bajo el cual ALUAR capturó rentas extraordinarias a costa de las industrias que usan foil como insumo. Y esas industrias no son marginales: fabrican alimentos, bebidas, medicamentos y materiales de construcción, cadenas que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores.

El monopolio integrado

Para entender por qué esto importa, hay que entender la estructura del mercado. ALUAR no es simplemente el mayor productor de foil del país: es el único. Y no es simplemente un gran productor de aluminio: es el único productor de aluminio primario de Argentina. Esta integración vertical —produce el insumo y también el producto final— le otorga una capacidad de fijación de precios que va mucho más allá de lo que cualquier competidor externo podría contestar.

Según surge de los estados contables citados en la resolución, el foil representa apenas entre el 3% y el 4% de la facturación total de ALUAR. Esto significa que la empresa puede manejar los precios de este producto con una lógica diferente a la de maximizar ganancias en el corto plazo: puede sostenerlos altos sin que eso afecte materialmente sus resultados globales. Es, en el vocabulario de la economía industrial, una posición de dominio estructural.

La decisión y su lógica

El gobierno tomó nota de todo esto. Técnicamente, la resolución se apoya en que no se detectó margen de dumping en las exportaciones chinas actuales hacia Argentina —lo cual era esperable, dado que la medida había reducido esas exportaciones a menos del 3% del consumo nacional entre 2022 y 2025. Para estimar si podría haber dumping en el futuro, se analizó el comportamiento chino en Chile como mercado testigo, y allí sí se detectó un margen de recurrencia del 14,47%. La evidencia técnica, en rigor, habría justificado renovar la medida.

Pero el gobierno eligió no hacerlo. Y en esa elección hay una señal política que trasciende el foil de aluminio: la protección comercial no es un derecho adquirido, y la posición de dominio de una empresa puede pesar en su contra cuando solicita más protección del Estado.

Esta lógica es consistente con el discurso del gobierno de Javier Milei, que ha hecho de la apertura comercial y la competencia uno de sus ejes retóricos centrales. Pero también es una apuesta con riesgos: si las importaciones chinas reingresan en volúmenes significativos y con precios agresivos, el sector podría presionar nuevamente por protección, y el gobierno tendría que decidir si sostiene su postura o da marcha atrás.

El elefante en la habitación: la energía

Hay un elemento que la resolución no menciona pero que cualquier analista del sector tiene presente. ALUAR es el mayor consumidor individual de energía eléctrica de la Argentina. Su planta en Puerto Madryn opera con tarifas diferenciales negociadas históricamente con el Estado, una dependencia mutua que da a la empresa una palanca de negociación enorme en cualquier conflicto con el gobierno.

En ese contexto, negarle la renovación de un arancel antidumping sobre un producto que representa el 3% de su facturación es un movimiento políticamente calculado: lo suficientemente firme como para enviar una señal ideológica de apertura, pero lo suficientemente acotado como para no provocar una confrontación de fondo con un actor industrial que el gobierno necesita tener de su lado en el tablero energético.

Quiénes ganan y quiénes pierden

Si la apertura efectivamente se materializa y el foil chino reingresa al mercado en condiciones competitivas, los ganadores serían las industrias usuarias —alimentaria, farmacéutica, de bebidas, construcción— que podrían acceder a un insumo más barato, con potencial impacto positivo en precios al consumidor final. También ganarían los importadores y distribuidores que operan en ese segmento.

El perdedor más obvio sería ALUAR, al menos en este segmento específico, aunque dado el peso marginal del foil en su negocio total, el impacto real sería acotado. El riesgo más serio no es económico sino político: si la competencia china es tan agresiva que pone en riesgo el empleo en la planta, el costo político puede superar ampliamente el beneficio de haber levantado el arancel.

Un precedente que se mira con atención

Más allá del foil de aluminio, lo que el sector empresarial argentino está mirando con atención es el precedente que sienta esta resolución. Por primera vez en mucho tiempo, un gobierno argentino usó la evidencia de posición dominante y de aumento de precios como argumento explícito para negar una solicitud de protección arancelaria a un actor industrial de peso. Si esa lógica se consolida, podría cambiar el cálculo de muchos otros sectores concentrados que históricamente han encontrado en las medidas antidumping un mecanismo cómodo para blindarse de la competencia.

Por ahora, es una resolución de cuatro páginas sobre hojas de aluminio. Pero en política económica, a veces los mensajes más importantes llegan envueltos en los papeles más técnicos.

La resolución 172/2026 fue firmada por el ministro Luis Andrés Caputo y publicada en el Boletín Oficial el 23 de febrero de 2026. Rige desde el día de su publicación.