Lácar, Cushamen y Magallanes: las zonas patagónicas donde la extranjerización de tierras supera los límites legales

En el mapa patagónico de la extranjerización de tierras hay tres lugares críticos. En Lacar, en Neuquén, más de la mitad del suelo (el 54%) pertenece a dueños extranjeros. Un poco más al sur, en Cushamen, Chubut, casi una de cada cuatro hectáreas (23%) está en manos foráneas. El porcentaje vuelve a sorprender en Magallanes, Santa Cruz, donde el 26% del territorio tiene propietarios que no son argentinos ni residen en el país. El debate fondo es sobre la soberanía.  

A nivel nacional, 13 millones de hectáreas pertenecen a empresas o personas extranjeras. El número representa el 5% de la superficie del país. El porcentaje está dentro de los márgenes permitidos por la Ley de Tierras, que fija un límite de extranjerización de un 15% a nivel provincial y departamental. Sin embargo, es solo un promedio, ya que cuando se pone la lupa en determinados territorios, sobre todo en los fronterizos o ricos en recursos naturales, la situación es crítica. 

Los datos fueron difundidos por el Observatorio de Tierras, integrado por becarios e investigadores del CONICET, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara que el Gobierno tiene la intención de modificar la Ley de Tierras. En el documento que publicó el Consejo de Mayo en diciembre, sus integrantes recomendaron liberar la compra de tierras por extranjeros particulares y conservar la cláusula que obliga a que los entes estatales deban requerir autorización. 

Sin embargo, la información explotó en la agenda mediática esta semana con los incendios en Chubut. 

“Empezamos a trabajar durante la pandemia. El 9 de diciembre Adorni anunció la intención de modificar la ley y decidimos salir al otro día con un mapa interactivo para que cualquier ciudadano de a pie o legislador pueda entrar y consultar qué pasa en el lugar que habita. Creíamos que la repercusión fuerte iba a ser en febrero, cuando se debatiera el tema, pero explotó ahora. Tiene sentido porque Cushamen, una de las zonas afectadas por el fuego, es una de las más extranjerizadas del país”, contó a ADNSUR Matías Oberlin, becario del CONICET, integrante del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA y parte del equipo que elaboró el informe. 

El mapa muestra tres colores: el verde indica departamentos con un porcentaje de tierras extranjerizadas inferior al promedio nacional (5% o menos); el amarillo los lugares que superan ese promedio (más de 5%); y el rojo las zonas donde la cantidad de hectáreas en manos foráneas supera el tope que permite la ley (15% o más). 
A nivel nacional, hay 36 departamentos en rojo. De ese total, tres están en la Patagonia. En el sur, el color amarillo tiene mucha presencia en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro, pero también aparece en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los territorios patagónicos extranjerizados

En Neuquén, cuatro departamentos aparecen marcados en amarillo. En Confluencia, de un total de 644.602,49 hectáreas, 36.020,89 están en manos extranjeras, un 6% del territorio. Catan Lil muestra un peso mayor: sobre 539.730,21 hectáreas, 60.131,30 están extranjerizadas, lo que eleva la proporción al 11%. En Collón Curá, la relación vuelve a bajar: 45.339,53 hectáreas de un total de 558.120,39, equivalentes al 8%. Más al sur, en Los Lagos, las tierras extranjerizadas alcanzan las 23.732,15 hectáreas sobre una superficie total de 355.910,13, es decir, un 7%.

En la provincia, el departamento de Lacar está en rojo: de un total de 475,095.11 hectáreas, 257,346.02 están extranjerizadas. Se trata del 54%, uno de los porcentajes más elevados de todo el país.

Este territorio, ubicado en el sudeste de Neuquén, concentra algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia andina. Su ciudad cabecera es San Martín de los Andes y buena parte de su extensión está ocupada por el Parque Nacional Lanín, que incluye bosques nativos, lagos, ríos y el volcán Lanín. 

En Río Negro no hay puntos rojos, pero sí dos amarillos. En el departamento de Pilcaniyeu, el 10% de las tierras están en manos extranjeras, el doble del promedio nacional. Muy cerca, en Bariloche, el porcentaje asciende a 14%. Se trata de uno de los territorios con mayor densidad de recursos naturales estratégicos de la Patagonia con agua dulce, bosques nativos y biodiversidad asociados al Lago Nahuel Huapi y sus lagos asociados (Gutiérrez, Mascardi, Guillelmo o Moreno). 

En Chubut no hay zonas amarillas, pero sí se relevó una en rojo: Cushamen. De un total de 1,649,975.64 hectáreas, 377,875.38 están extranjerizadas, es decir, el 23%, 8 puntos por encima de lo que la ley permite. La zona ha sido noticia en más de una oportunidad por las tensiones territoriales con las comunidades mapuches y fue el lugar donde se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. 

En términos de recursos estratégicos, en Cushamen nacen y atraviesan cursos que alimentan la cuenca alta del Río Chubut, fundamental para el abastecimiento de aguas abajo. En un contexto de estrés hídrico, estas nacientes se convierten en un valor que va más allá del uso local. 

En Santa Cruz fueron relevados tres departamentos amarillos y uno rojo. Las zonas que superan el promedio nacional en extranjerización son Lago Buenos Aires, con un 6%; Lago Argentino, con un 11%; y Güer Aike, con un 13%. Magallanes es el territorio donde se supera el límite fijado por la ley: 26%. 

A diferencia del resto de los puntos rojos patagónicos, Magallanes no concentra lagos ni bosques. Su valor estratégico reside en sus extensiones continuas de tierra con salida al Atlántico, la cercanía con rutas marítimas del sur y con el área de influencia del Estrecho de Magallanes. 

En Tierra del Fuego, Tolhuin es el único departamento marcado en amarillo: el 12% del territorio está extranjerizado. Se trata de una zona asentada sobre la cuenca del Lago Fagnano, uno de los mayores reservorios de agua dulce de la isla. El municipio, además, está ubicado sobre la Ruta Nacional 3, el único corredor terrestre que conecta Ushuaia con Río Grande. Su valor estratégico está dado no solo desde lo logístico, sino también en términos de control de territorio.

Estadounidenses, españoles e italianos: los extranjeros que compran tierras argentinas

Uno de los datos que será incorporado en el mapa en las próximas semanas es la nacionalidad de los extranjeros dueños de tierras en Argentina. Según contó Oberlin, “la mitad de las 13 millones de hectáreas extranjerizadas en toda la Argentina están en manos de estadounidenses, españoles e italianos”. 

La información resulta relevante para dos debates muy actuales: por un lado, los incendios en Chubut sirvieron para que circularan teorías conspirativas vinculadas a las supuestas intenciones de Israel de “quedarse” con la Patagonia. Los investigadores pudieron comprobar que si bien hay capitales israelíes, de ninguna forma tienen el mismo peso que Estados Unidos, España o Italia. 

Por otro lado, los datos se inscriben en un contexto global particular. En el informe que publicaron los investigadores del CONICET advirtieron: “La búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. El reciente corolario de Donald Trump a la Doctrina Monroe expresa un cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, orientado a asegurar su acceso a los recursos naturales en América Latina. En ese marco, estas decisiones pueden leerse como una redefinición de quién controla territorios clave hacia adelante”. 

“Por eso decimos que es un problema de soberanía. Hay un intento por controlar determinadas zonas estratégicas. Los puntos rojos están donde hay recursos naturales escasos o territorios fronterizos”, subrayó Oberlin. 

El grupo de investigadores comenzó a trabajar en la recolección de la información durante la pandemia. En los primeros años fue una tarea relativamente sencilla, ya que la Dirección Nacional de Tierras publicaba los datos. Si bien el tema no estaba en agenda, la información era pública. 

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada se suspendió la publicación de informes. El equipo del Observatorio de Tierras logró mantener actualizada la información a través de solicitudes de acceso a la información pública. De todas formas, hay algo que no se puede saber: el nombre y apellido de los extranjeros propietarios. 

Los datos de propiedad son información reservada, por lo cual las autoridades solo dan a conocer la nacionalidad. “Solo se pueden reconstruir los nombres de las personas o de las empresas a partir de un intercambio con los territorios. Es información blanda que surge de la prensa o de las propias comunidades. 

Estamos evaluando incluir otra capa con la aclaración de que no es un dato oficial”, contó Oberlin.

La Ley de Tierras: alcances y límites de la figura jurídica que quiere cambiar el gobierno
El puntapié de la investigación fue la preocupación de los investigadores en dos temas: la concentración de la tierra que se viene dando desde los ‘80 y la extranjerización, que se profundizó a partir de los ‘90. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras y “que en sus primeros años autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas históricamente protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos”, explicó el informe del mapa. 

Dos de los casos emblemáticos de aquellos años fueron patagónicos: la llegada del magnate británico Jow Lewis a Lago Escondido, en Río Negro, y el desembarco en el sur del italano Luciano Benetton. 

Con el boom internacional del precio de los alimentos y la devaluación de Argentina, el proceso de extranjerización se profundizó. Por ese motivo, en 2011 se sancionó la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (N° 26.737). 

La ley estableció una serie de controles para la compra y venta de tierras y estableció el tope del 15%. Sin embargo, como toda legislación, no es retroactiva. Por lo tanto, cuando se habla de puntos rojos no necesariamente se habla de extranjeros que cometieron un delito, ya que los territorios pueden haber sido adquiridos antes de la sanción de la norma. 

“El Registro Nacional de Tierras se creó en 2011. Por lo tanto, no hay datos para hacer la comparación y ver la evolución en el tiempo. Si se quisieran recuperar esas tierras, además, se debería pensar en otra figura legal porque con los instrumentos actuales no se puede”, explicó Oberlin, quien destacó el concepto de la “función social de la propiedad”, una figura que había sido incorporada en la Constitución de 1949, pero que no sobrevivió al golpe del ‘55. 
De todas formas, el Gobierno de La Libertad Avanza pretende ir en un sentido opuesto. En el documento que elaboró el Consejo de Mayo se recomendó una modificación de la Ley de Tierras. “Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector. Nuestros convencionales constituyentes, casi dos siglos atrás, entendieron que la inversión extranjera es deseable y conducente al desarrollo de un país”, aseguraron sus integrantes. 

Los integrantes del Consejo propusieron “la modificación de la Ley N° 26.737 liberando la compra por parte de privados extranjeros. No obstante, la compra por parte de entes estatales extranjeros seguirá sujeta a autorización previa, preservando así los intereses estratégicos y la seguridad nacional”.

Según Oberlin, es muy importante explicar que los límites que pone la ley alcanzan a los extranjeros no residentes en el país. La normativa actual permite que una persona no argentina que se establezca en el país durante 10 años pueda acceder a la tierra. “Acá se está hablando de otra cosa. En muchas de las zonas extranjerizadas hay anuncios de inversiones de empresas de minería, por ejemplo”, concluyó el experto.

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