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El Tribunal de Corrientes, encargado del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024, ratificó la competencia federal, luego de rechazar un planteo de una de las defensas que solicitaba que el caso vuelva al fuero provincial debido a que no se había comprobado la hipótesis de trata de personas.
Luego de que los papás del pequeño se hayan presentado en Comodoro Py este miércoles, y manifiesten que tra “en la provincia se perdió tiempo y pruebas”, se confirmó que el debate conlos siete procesados, acusados de la sustracción y el ocultamiento de Loan, se llevará a cabo en el fuero federal, según destaca el portal Fiscales, documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
En el escrito se detalló que los jueces Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni rechazaron un planteo de incompetencia que había sido presentado por la defensa de uno de los imputados, en este caso Bernardino Antonio Benítez, y al que adhirieron luego las de los seis restantes: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.
“Se trata de una investigación que comenzó en la justicia provincial y que luego fue remitida al Juzgado Federal de Goya. De este modo, la causa quedó radicada en el ámbito federal, que realizó gran parte de la instrucción y la recopilación de evidencias. Una vez que la causa fue elevada a juicio, las partes ofrecieron pruebas y una de las defensas planteó nuevamente la cuestión de competencia”, explicaron.
La defensa de Benítez, a cargo de Enzo Mario Di Tella, fue la que esbozó que, finalizada la instrucción, se verificó que “no existe el ‘presunto’, ‘supuesto’ o ‘posible’ delito de trata de personas que se pretendía confirmar con la investigación”.
De este modo, sostuvo que, al desestimarse esa hipótesis que justificó la radicación de la causa ante la jurisdicción federal, “se debía declarar la incompetencia de este fuero”.
Sin embargo, el Tribunal respondió y aclaró que “no corresponde valorar pruebas en esta instancia porque se deben ventilar en el debate oral y público” y que, más allá de los siete acusados que serán juzgados por la retención y ocultamiento del niño -un delito de competencia ordinaria-, en el expediente también hay otros imputados acusados de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio (ante la justicia federal), violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad (fuerzas preventivas federales), usurpación de insignias y de títulos profesionales.
En este caso hay diez personas -psicólogos, asistentes sociales y abogados- que decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy -algo desmentido por su titular- que terminaron imputadas en una causa paralela, la cual fue incorporada al legajo principal.
“Dado que la prueba y los hechos están estrechamente vinculados, el tribunal sostuvo que debe realizarse un solo juicio para toda la causa, evitando dividir competencias entre fueros”, señalaron.
María Noguera y José Peña, los padres del niño, manifestaron que la investigación, que ya lleva casi un año y medio, “empezó a funcionar recién cuando intervino la justicia federal”
