Gremios transportistas mantienen bloqueada la planta ALPAT de Río Negro tras confirmarse 41 despidos

Desde el gremio bloquearon el movimiento de cargas en la planta, reclamando oportunidades de trabajo en medio de la crisis de larga data que atraviesa la empresa productora de carbonato de sodio.
Un nuevo capítulo en la saga de inestabilidad laboral de Alcalis de la Patagonia (ALPAT) se desató este martes, cuando camioneros rionegrinos bloquearon el movimiento de cargas en la planta, reclamando oportunidades de trabajo en medio de una crisis que parece no tener fin.

La Secretaría de Trabajo de Río Negro confirmó que analiza intervenir en el conflicto, pero esta medida no hace más que resaltar la dependencia crónica de la empresa de subsidios estatales, cuestionando la eficacia y la transparencia de las políticas provinciales.

Este bloqueo de camioneros llega apenas dos meses después de otro escándalo: en septiembre, la empresa despidió a 41 trabajadores apenas 24 horas después de firmar un acuerdo salarial que incluía el compromiso de no realizar cesantías.

ALPAT es la única empresa de Latinoamérica que produce carbonato de sodio.

¿Mala Fe de ALPAT?

El sindicato denunció «mala fe» por parte de ALPAT, y aunque la Provincia ordenó una conciliación obligatoria que resultó en la reincorporación de los afectados, la compañía admitió no poder cumplir con los pagos acordados.

La historia se repite: en julio, Río Negro «destrabó» un paro con un auxilio económico millonario, y en marzo, medió en otro conflicto para garantizar 60 días de «paz social».

Estas intervenciones, si bien evitan cierres inmediatos, ocultan un problema mayor: ¿por qué se destinan fondos públicos a una empresa que no logra estabilizarse, mientras miles de rionegrinos enfrentan desempleo y precariedad?

Mientras los camioneros mantienen el bloqueo y exigen su parte en un pastel cada vez más reducido, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo el gobierno rionegrino seguirá subsidiando la ineficiencia de ALPAT sin exigir reformas reales? Esta crisis no solo amenaza cientos de puestos de trabajo, sino que revela las grietas de un modelo político que privilegia rescates corporativos por encima de la equidad social.

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