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Según estudios del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), los glaciares actúan como colchones hídricos que liberan agua gradualmente. Intervenirlos con infraestructura pesada o actividad industrial representa una alteración directa de este equilibrio, comprometiendo el acceso al agua para millones de personas.
1. Reservas estratégicas de agua dulce en riesgo
Los glaciares y los ambientes periglaciares no son meras formaciones de hielo o suelo congelado: son auténticos reservorios naturales de agua dulce, que cumplen un rol vital en el ciclo hidrológico. En la cordillera de los Andes, especialmente en regiones áridas o semiáridas del oeste argentino, estas masas de hielo alimentan los ríos durante todo el año, especialmente en épocas secas. Sin ellos, los caudales hídricos caerían drásticamente en verano, afectando el abastecimiento de agua potable, la producción agrícola, la generación hidroeléctrica y la biodiversidad.
2. Contaminación en ecosistemas frágiles
Las actividades mineras e hidrocarburíferas implican inevitablemente el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio, arsénico o ácidos, además de grandes volúmenes de agua que luego se devuelven al ambiente con contaminantes. Si se permiten estas actividades en zonas cercanas a glaciares o periglaciares, existe un riesgo cierto de filtración de sustancias tóxicas en cuerpos de agua que abastecen comunidades enteras.
El ambiente periglacial —que incluye suelos congelados y áreas con escasa cobertura vegetal— es altamente vulnerable a los impactos. Allí, los procesos de regeneración son lentos o directamente inexistentes. Un derrame en estas zonas no solo pone en riesgo la salud humana y de los ecosistemas, sino que puede provocar daños irreversibles a los cursos de agua de alta montaña.
3. Desequilibrio climático y pérdida de biodiversidad
La función reguladora de los glaciares va más allá del agua: actúan como estabilizadores del clima regional. Su pérdida contribuye al calentamiento global mediante un fenómeno conocido como “retroalimentación positiva”: al derretirse, disminuye la capacidad de reflejar la radiación solar, lo que incrementa la temperatura regional y acelera el deshielo.
Además, la desaparición de glaciares genera eventos extremos, como aluviones repentinos, inundaciones o períodos de sequía. Esta inestabilidad climática afecta cultivos, ganado, infraestructura y asentamientos humanos.
Por otro lado, muchas especies de flora y fauna dependen de los ecosistemas de montaña. La alteración de estos hábitats por proyectos extractivos puede significar la extinción local de especies adaptadas a ambientes fríos y húmedos, reduciendo aún más la biodiversidad.
4. Disputa federal: el Estado nacional pierde capacidad de control
Uno de los cambios más problemáticos que plantea la iniciativa es delegar en las provincias la potestad de decidir si permiten actividades en áreas glaciares. Esta descentralización puede generar una fragmentación de criterios ambientales, con provincias más permisivas que otras, y sin una visión integral de cuenca o de región.
Si bien las provincias tienen dominio sobre sus recursos naturales, la Corte Suprema de Justicia ya dictaminó en 2019 que la Ley de Glaciares es constitucional porque establece presupuestos mínimos de protección ambiental, responsabilidad del Estado nacional. Ceder ese poder implicaría debilitar la capacidad del Estado federal de garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua y un ambiente sano.
Además, se abriría la puerta a posibles conflictos interjurisdiccionales, ya que las cuencas hídricas trascienden límites políticos y geográficos.
5. Advertencias globales y creciente resistencia social
Desde su sanción en 2010, la Ley 26.639 fue considerada un hito en la legislación ambiental argentina. Diversas organizaciones sociales y científicas —como Greenpeace, FARN, el IANIGLA y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales— advierten que modificarla sería un retroceso legal y ético.
Incluso expertos de la ONU han señalado que el cambio vulneraría tratados internacionales de los que Argentina forma parte, como el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la protección de los defensores ambientales.
Por otra parte, comunidades indígenas, asambleas socioambientales y organizaciones territoriales ya se están movilizando para impedir el avance del proyecto. La historia reciente demuestra que allí donde se vulnera el derecho al agua y a la consulta previa, se profundizan los conflictos sociales.
6. Una decisión que compromete el futuro
En un escenario de cambio climático, donde se proyecta una disminución progresiva de glaciares en todo el mundo, permitir su destrucción en nombre del “progreso” es una apuesta irresponsable y miope.
El desarrollo económico no puede sostenerse sobre la base de recursos finitos y ecosistemas frágiles. La supuesta ganancia por regalías o empleos debe evaluarse en relación al costo ambiental, social y sanitario a largo plazo, que muchas veces ni siquiera puede cuantificarse.
Además, si se debilita la protección de los glaciares, ¿qué impediría mañana flexibilizar otras áreas protegidas? La norma que hoy se quiere modificar fue pensada para prevenir este tipo de abusos, y su debilitamiento abre una peligrosa puerta jurídica a la explotación sin control.
¿Agua o divisas?
El dilema es claro: ¿queremos agua o queremos divisas rápidas?
La protección de los glaciares no es una barrera para el desarrollo, sino un límite ético y estratégico frente a un modelo extractivo que ya ha demostrado sus consecuencias en todo el mundo. Aceptar esta reforma sería renunciar a la soberanía hídrica, desproteger a las generaciones futuras y ceder a intereses que no miden el daño, sino la ganancia inmediata.
Argentina no necesita más zonas de sacrificio. Necesita un modelo de desarrollo basado en la equidad, la protección ambiental y la inteligencia a largo plazo. La Ley de Glaciares es una defensa de ese futuro posible. Y modificarla sería dar un paso atrás.
