Mekorot en Neuquén: La expansión del apartheid hídrico israelí y sus riesgos para la soberanía provincial

Desde 2022, la empresa estatal israelí Mekorot ha firmado acuerdos con al menos doce provincias argentinas, entre ellas Neuquén, para diseñar planes maestros de gestión hídrica. Estos convenios, impulsados desde el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y avalados por gobiernos provinciales y nacionales, se inscriben en un contexto marcado por la adhesión de muchas provincias al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que prioriza las inversiones extractivas y flexibiliza el uso de recursos estratégicos como el agua.

La llegada de Mekorot a Neuquén, lejos de ser un simple aporte técnico, implica riesgos profundos para la soberanía sobre los recursos hídricos, la transparencia en la gestión pública y la defensa de los derechos humanos, dada la trayectoria internacional de la empresa y su papel en el llamado "apartheid del agua" en Palestina.

El acuerdo con Mekorot en Neuquén: entrega y opacidad

En abril de 2024, el gobernador Rolando Figueroa firmó con el CFI un convenio para que Mekorot realice un “plan maestro” hídrico en Neuquén, que incluye el relevamiento de ríos, acuíferos y consumos industriales en toda la provincia. El contrato obliga a Neuquén a entregar la base completa de datos en apenas 60 días y prevé que sea la propia empresa israelí la encargada de redactar los pliegos de futuras licitaciones vinculadas al agua.

Este acuerdo, del que la Legislatura provincial no ha tenido acceso a sus términos completos pese a los pedidos de información, contiene cláusulas preocupantes: la información recabada será propiedad intelectual exclusiva de Mekorot y cualquier litigio deberá resolverse bajo jurisdicción británica, lo que limita severamente el control estatal y la soberanía local sobre datos estratégicos.

¿Cuánto pagó cada provincia?
Aunque los montos pagados a Mekorot no han sido oficialmente publicados, trascendió que varias provincias comprometieron entre 300 mil y 800 mil dólares por los primeros estudios. En algunos casos, como el de Mendoza y San Juan, se destinaron partidas especiales del CFI para cubrir los honorarios de Mekorot, manteniendo la confidencialidad sobre el contenido de los informes entregados. En Río Negro, se mencionan más de 1 millón de dólares asignados para toda la planificación hídrica consultada a la empresa.

Impacto de la cesión de datos: ¿una entrega encubierta de soberanía?

Un informe técnico independiente advierte con claridad los riesgos de estos convenios:

1. Pérdida del control sobre información estratégica: Mekorot se apropia de los datos sobre disponibilidad de agua, consumo industrial (clave en el contexto de Vaca Muerta) y proyecciones de demanda. La provincia no puede auditar ni acceder plenamente a esa información.
2. Cláusulas de confidencialidad y jurisdicción extranjera: Toda controversia se resolverá bajo leyes británicas o en la Cámara de Comercio Internacional. El Estado argentino pierde capacidad de defensa en tribunales propios.
3. Privatización de datos públicos: La base de decisiones políticas queda en manos de una empresa privada. La información deja de ser soberana.
4. Debilitamiento del control democrático: Ni las legislaturas provinciales ni la ciudadanía pueden acceder al contenido total de los convenios, impidiendo todo tipo de fiscalización pública.
5. Condicionamiento de políticas hídricas: Mekorot puede orientar prioridades, tarifas y decisiones estratégicas hacia intereses empresariales. En Río Negro ya asesora la construcción de plantas desalinizadoras con fines industriales, sin debate ciudadano ni control ambiental suficiente.
6. Contexto de presión hídrica local: En Neuquén, el fracking consume millones de litros de agua dulce por pozo. En Río Negro, se proyectan nuevos sistemas de “valorización” del agua que podrían derivar en su mercantilización.

Mekorot: una empresa con historial de violaciones a derechos humanos

Mekorot no es una empresa cualquiera. Es la principal compañía estatal de agua de Israel, responsable del abastecimiento del 80% del agua en Israel y los territorios palestinos ocupados. Organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado a Mekorot por restringir sistemáticamente el acceso al agua a la población palestina, favoreciendo a los asentamientos ilegales en Cisjordania y Gaza.

En Gaza, por ejemplo, la provisión de agua se reduce a entre 2 y 3 litros diarios por persona, muy por debajo de los estándares internacionales, configurando una situación que HRW califica como complicidad en genocidio. La empresa utiliza el agua como arma geopolítica para consolidar el control territorial y desplazar a la población originaria.

El contexto argentino: RIGI, extractivismo y mercantilización del agua

La expansión de Mekorot en Neuquén y otras provincias coincide con la adhesión de muchas de ellas al RIGI, un régimen que otorga beneficios fiscales y legales a grandes inversiones, especialmente en sectores extractivos como la megaminería y el fracking. En Neuquén, Vaca Muerta consume más de 40 millones de litros de agua dulce al año, y el conocimiento detallado de acuíferos y consumos industriales que obtendrá Mekorot es un activo estratégico de enorme valor.

El RIGI permite que las empresas trasnacionales usen recursos como el agua sin restricciones, incluso en contextos de sequía o crisis ambiental, institucionalizando la mercantilización y privatización de un bien común vital. Mekorot, con su experiencia en valorización económica del agua y diseño de planes de gestión, se convierte en un actor clave para facilitar esta lógica.

La opacidad y la resistencia social

En Neuquén, como en otras provincias, el acuerdo con Mekorot se firmó sin consulta pública ni participación social, y con un alto grado de secreto sobre sus cláusulas. Mientras Río Negro hizo públicos los términos de su contrato, revelando que la empresa se adjudica la propiedad intelectual de toda la información hídrica y geológica provincial, en Neuquén las solicitudes de acceso a la información permanecen sin respuesta.

Ante esta situación, se ha conformado la campaña “Fuera Mekorot”, integrada por organizaciones socioambientales, sindicales y políticas, que exige transparencia, auditorías públicas y la anulación de los convenios con la empresa israelí, denunciando sus antecedentes y la amenaza que representa para la soberanía hídrica y los derechos de las comunidades.

La cuestión moral: Vínculos con el sionismo internacional y la geopolítica del agua

La presencia de Mekorot en Argentina no puede desligarse de su rol dentro del entramado del sionismo internacional. La empresa es un brazo estatal que exporta un modelo de gestión hídrica basado en la segregación, la exclusión y el control territorial, aplicado en Palestina y ahora replicado en territorios latinoamericanos con fuerte presencia extractiva.

Su llegada se enmarca en una creciente alianza entre gobiernos provinciales argentinos y el Estado de Israel, que incluye acuerdos en defensa, ciberseguridad y tecnología. Esta convergencia abre una puerta a la injerencia extranjera sobre infraestructura crítica y recursos estratégicos, con impactos directos en la autonomía política y económica local.

Defensa de la soberanía y el derecho al agua

El acuerdo con Mekorot en Neuquén representa un riesgo estratégico para la provincia y el país. La cesión de datos estratégicos a una empresa denunciada internacionalmente por violaciones a derechos humanos, la falta de transparencia y la subordinación a un modelo extractivista y mercantilizador del agua ponen en jaque la soberanía hídrica y el derecho al agua como bien común y derecho humano.

En un contexto de crisis climática y creciente competencia por recursos naturales, la defensa del agua exige que su gestión sea pública, transparente, participativa y orientada al bienestar de las comunidades y el ambiente, no a intereses geopolíticos o corporativos extranjeros. La lucha contra Mekorot es también una lucha por la justicia social, la soberanía y la solidaridad internacional con los pueblos oprimidos.

El agua: recurso geopolítico del siglo XXI

En un mundo marcado por el cambio climático, la desertificación y el crecimiento poblacional, el agua dulce se ha convertido en uno de los recursos más disputados del planeta. Naciones Unidas ya advierte que más del 40 % de la población mundial vive en regiones con estrés hídrico. En este contexto, el control de fuentes, acuíferos y cuencas se transforma en un activo geopolítico clave.

Países, corporaciones y fondos de inversión apuntan al agua como bien escaso y lucrativo, comparable al petróleo del siglo XX. Por eso, entregar datos sobre disponibilidad, calidad y uso del agua no es un acto técnico, sino una decisión estratégica que puede condicionar el futuro de las comunidades, su desarrollo productivo, su seguridad alimentaria y su estabilidad social.