La cesión del Estado rionegrino a un grupo privado de estudios, proyectos y tierras para un parque eólico en Cerro Policía fue formalizada -recientemente, en un trámite exprés- por la Legislatura, generando expectativas y, también, desaprobaciones por los entendimientos originales.

 En concreto, la empresa estatal Eólica Río Negro (ERSA) transfirió sus activos a Fortescue, que es la empresa impulsora de la iniciativa privada del megaproyecto de producción de Hidrógeno Verde, con su inversión centrada en Sierra Grande.

 ERSA avanzó en estudios y en las autorizaciones para un parque eólico en Cerro Policía, en un predio de tierras fiscales , cedidas por 30 años. Ahora, estos derechos se transfieren al mencionado grupo por 60 años, sin costo por la mitad del lapso. Esta concesión fue una de las críticas parlamentarias.

El asentamiento se realizaría en dos etapas. La construcción de la primera -según la firma- se iniciará en el tercer trimestre del 2025 y exigirá una inversión de 400 millones de dólares. Se llegarán a ocupar unos 450 trabajadores y los trabajos requerirán de unos dos años, es decir, su conclusión se estima para el 2027.

Fortescue admite que su ejecución dependerá de la sanción de la ley de regulación de Hidrógeno Verde en el país.

En respuesta esa firma australiana indicó que para seguir “avanzando, es necesario un marco regulatorio eficiente para la industria del hidrógeno verde y condiciones macroeconómicas que propicien inversiones”.

A fines de mayo, el proyecto de regulación fue elevado por el Ejecutivo nacional a la Cámara de Diputados pero, todavía, no logró dictamen en las comisiones para su tratamiento en el recinto.

 En contrapartida, la Provincia (Eólica Río Negro) recibirá cerca de 11 millones de dólares, con un desembolso inicial de 3,25 millones por estudios y derechos cedidos, pagaderos en tres cuotas, y se fija un canon por uso de las tierras, diferenciado en 200 mil pesos dólares anuales durante la construcción y 250 mil dólares cuando obtenga la “habilitación comercial”.

El desembolso por la utilización de las tierras rondará los 8 millones de dólares, considerando el lapso de los primeros 30 años.

La concesión a Fortescue totaliza 60 años, pero el contrato no prevé canon por la segunda mitad. Esta condición conformó un punto cuestionado en el Plenario legislativo cuando se cumplió en el primer análisis por parte de los parlamentarios.

Los convenios fueron explicados y defendidos por el secretario de Planificación, Daniel Sanguinetti y un equipo de Eólica Río Negro, liderado por su presidente Hugo Brendstrup.

 Sanguinett y Brendstrup defendieron el proyecto oficial en el Plenario Legislativo. Foto: Mauricio Martin.
En principio, el funcionario encuadró esta medida en “la política de Estado” del gobierno provincial de Arabela Carreras de “los proyectos de Hidrógeno Verde” y vinculó “la venta del activo” con esa consolidación, a la vez, que destacó que la participación de Fortescue “demuestra su verdadero interés”.

Son “contratos de inversiones muy altas, de muy largo plazo, mucha mano de obra, mucha capacitación y mucho fomento de la industria nacional”.

El proyecto en Cerro Policía
16.800
hectáreas comprenden las superficies de los predios cedidos en favor de la empresa para el asentamiento del parque eólico.

Habló que Eólica Río Negro “está vendiendo” su “trabajo de 10 a 12 años, con mástiles instalados”, y se acordó “un valor muy razonable”, con “pautas muy precisas del pago” para “capitalizar a la empresa estatal y pueda integrarse en esta cadena de componentes nacionales de producción de elementos”.

La Provincia debe garantizar la aprobación de los ocupantes en los predios involucrados, que suman 16.800 hectáreas. Brendstrup explicó que son “10 pobladores, con producción ganadera, y nueve ya firmaron sus consentimientos”.

Además, narró que el plan final de Fortescue es un parque con una generación de 1000 MW, con una inversión de 1.000 millones de dólares, con “40% de componentes nacionales”, según -aclaró- está “contemplado en el proyecto de ley nacional”. Agregó que esa industria “sería la mayor parte dentro de Río Negro” y, después, estimó su fabricación “lo más cerca posible” al consignar que existe una empresa en Allen que ya construye molinos.

Brendstrup intentó una explicación frente a las consultas críticas de los legisladores por qué no se estableció un uso de canon de uso para los segundos 30 años. Afirmó que la negociación con Fortescue fue dura y, por eso, se alargó casi un año, a partir de una exigencia del inversor del no cobro y que, al final, la suma acordada se prefirió concentrarla en la primera mitad.

En el recinto, la ratificación parlamentaria fue importante, con 31 votos a favor y 5 lo hicieron por la negativa.

Los rechazos fueron expresados por Marcelo Mango (FG), María Grandoso (Kolina), Pablo Barreno (FdT), Alejandra Mas y Daniel Belloso (ambos de Unidad Ciudadana). Estas posturas sumaron interrogantes y reprobaciones, expresadas por Mango, Grandoso y Belloso. Este último recomendó esencialmente la revisión del contrato y, en todo caso, su cesión gradual, con una comisión de seguimiento.

Mango fue el más censor, calificando las cesiones de “privatización” y de “entrega”.

 Hidrógeno verde y las críticas: plazos, montos y garantías

Los cuestionamientos fueron advertidos por los legisladores que negaron sus votos aunque, igualmente, la Legislatura -mayoritariamente- avaló el acuerdo propuesto.

La censura central fue de Marcelo Mango, del Frente Grande, empezando con que Fortescue “no tiene antecedentes” en la temática eólica frente a los trabajos y la experiencia de la Provincia con Eólica Río Negro, constituida por el Invap y Transcomahue.

Ocupación de la obra de Cerro Policía
450
trabajadores participarán en las obras de la Primera Etapa, según la estimación de la empresa Fortescue.

Recordó que el objetivo de ERSA era “construir y poner en funcionamiento un parque eólico en Cerro Policía”, y se otorgó tierras por 30 años”. Agregó que, en su origen, se preveía alguna asociación o participación con privados, tras lo cual, criticó la propuesta ya que es “una entrega”.

Indicó que el contrato deja al Estado rionegrino “ utilidades cero” y que Fortescue no garantiza la obra sino que “va a evaluar, si es factible instalar y explotar el proyecto. Se aseguran las tierras por 60 años y después van a revisar si les conviene”, afirmó.

El desembolso de la empresa -dijo- es de 3,25 millones de dólares, “en cómodas cuotas”, mientras “la Provincia está obligada a la aprobación del Plan de Manejo Ambiental porque si no es así entonces hay que devolverle el pago, es decir, nos obliga” a la aprobación.

En su repaso censor, Mango expresó que Fortescue “puede ceder este proyecto a quién quiera y cuándo quiera”.

 El contrato obliga a la Provincia a conseguir el consentimiento de los pobladores. Según Eólica Río Negro, nueve de los diez ocupantes ya firmaron.
 
Recuerda que la Provincia otorgó 625.000 hectáreas a Fortescue por la iniciativa privada para la inversión de Hidrogeno Verde, pero “no empezó la inversión y la excusa es una ley nacional que no se votó”.

Otros argumentos críticos fueron planteados por María Grandoso (de Kolina), empezando por el apuro gubernamental y su tratamiento exprés y, como también, el monto asignando, proponiendo que se “podría haber cobrado en energía”.

Las numerosas obligaciones asignadas a la Provincia fueron reprochadas y, entre ellas, Grandoso alertó de la cláusula de una penalidad de 15.000 dólares diarios” para el Estado rionegrino si “se diera algún impedimento de libre acceso a los predios por parte del cesionarios, sus contratistas y o cualquier tercero designado”. Entendió que es “extranjerizar nuestra tierra”.

Además del consentimiento requerido de los pobladores, la legisladora Grandoso informó que ya existen planteos por parte del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, cuestionando los entendimientos por el incumplimiento de la “consulta previa, libre e informada”.

 El proyecto de hidrógeno verde y la aclaración de Fortescue
 
Argentina Fortescue afirmó que la construcción se iniciaría en el tercer trimestre del 2025, con una inversión de 400 millones de dólares y una ocupación de 450 trabajadores.

El plan de inversión y, Fortescue respondió que “para el desarrollo y ejecución del Parque Eólico Cerro Policía con una generación de 300 MW” se estima “una inversión total de 400 millones de dólares, sujeta a la decisión final”.

En relación a las ejecuciones, el grupo de capitales australianos planteó que inicialmente se debe finalizar con los “trabajos de adecuación del proyecto original y los ajustes de estudios, permisos e ingeniería”. En su cálculo, se estima que la “construcción llevará al menos 2 años”.

 Reafirmó que estas “fechas están sujetas al desarrollo de un marco regulatorio nacional para la industria de hidrógeno verde, así como también un escenario macroeconómico que propicie inversiones de capital intensivo”.

“El Parque Eólico Cerro Policía” -indica- tiene como “el principal objetivo alimentar de energía verde la futura planta de hidrógeno verde de Fortescue”.

Aclaró que “para que el proyecto siga avanzando, es necesario un marco regulatorio eficiente para la industria del hidrógeno verde y condiciones macroeconómicas que propicien inversiones para capitalizar el gran potencial que tiene Argentina. Hasta entonces, Fortescue continuará avanzando en la adecuación del proyecto original, ajustes y estudios necesarios”.

El proyecto de 300 MW -informó- “prevé la contratación de hasta 450 personas” en “la etapa más intensiva de la obra”, implicando “la mano de obra directa e indirecta por parte de las empresas involucradas en los trabajos en sitio, así como mano de obra indirecta a través de la compra de bienes y servicios”.

En otra contestación, la empresa manifestó que “el Proyecto Parque Eólico Cerro Policía surge con el objetivo de generar energía renovable para la futura planta de hidrógeno verde de Fortescue del Proyecto Pampas. Con este nuevo paso, reafirmamos nuestra presencia en el país y nuestra intención en desarrollar esta nueva industria en Argentina”.

RN