--- canonical_url: "https://neuquennews.com.ar/contenido/29671/malvinas-un-fiscal-invoco-su-religion-para-apartarse-de-una-causa" title: "Malvinas: un fiscal invocó su religión para apartarse de una causa" article_type: "Article" description: "El fiscal de Río Grande, Marcelo Alejandro Rapoport, pidió excusarse de intervenir en un expediente vinculado con la nueva ruta marítima entre Chile y las Islas Malvinas. Según el denunciante, argumentó que su religión podía afectar sus decisiones por la presencia de empresas israelíes en la explotación de recursos del archipiélago." main_image: "https://neuquennews.com.ar/download/multimedia.grande.bd0117efb85e5cbb.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-11-10T21:35:00-03:00" date_modified: "2026-11-10T22:30:41-03:00" tags: - "#IslasMalvinas" - "#Israel" - "#Malvinas" - "#NavitasPetroleum" author_name: "NeuquenNews" author_url: "https://neuquennews.com.ar/usuario/2/neuquennews" author_social_links: - "https://www.facebook.com/NeuquenNewsOk" - "https://twitter.com/home" - "https://www.instagram.com/neuquennews/" - "https://www.youtube.com/@neuquennews" category_name: "DE NUESTRA REDACCIÓN" category_url: "https://neuquennews.com.ar/categoria/2/de-nuestra-redaccion" category_description: "La mirada y la palabra propia de temas que son de opinión actual y caliente en la política local" --- # Malvinas: un fiscal invocó su religión para apartarse de una causa **Una situación difícil de justificar desde el punto de vista institucional se produjo en la Justicia Federal de Tierra del Fuego, donde el fiscal Marcelo Alejandro Rapoport solicitó apartarse de una causa relacionada con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, invocando su condición de judío y la participación de empresas israelíes en actividades económicas desarrolladas en el archipiélago.** El episodio fue revelado por el periodista Luciano Moreno Calderón, del portal *[Pal'Sur](https://palsur.com.ar/nota/2164/la-presentacion-judicial-en-tierra-del-fuego-para-frenar-el-trafico-entre-chile-y-malvinas-termina-en-escandalo?utm_source=chatgpt.com)*, a partir de una entrevista realizada al abogado **Carlos Lionel Traboulsi**, presidente de la **Fundación Argentina Azul**, entidad que promovió una acción judicial para impedir el establecimiento de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino, en las Malvinas, mediante el buque carguero Danstar. Según relató Traboulsi, el fiscal argumentó que su pertenencia religiosa podía afectar su intervención debido a que empresas israelíes participan en proyectos de explotación de recursos naturales en las islas. El abogado también le atribuyó al funcionario expresiones sobre su preocupación por quedar expuesto a memes, discusiones y situaciones de discriminación. De confirmarse esos fundamentos en el escrito judicial, estaríamos frente a un razonamiento particularmente preocupante. **Ser judío no convierte a un ciudadano argentino en representante de Israel, ni supone que deba mantener algún compromiso con las empresas de ese país.** La religión, la nacionalidad y los intereses económicos son cuestiones diferentes, y confundirlas resulta especialmente delicado cuando quien lo hace es un funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la ley. La pertenencia a una comunidad religiosa no constituye por sí misma un conflicto de intereses. Mucho menos puede presumirse que impida actuar con objetividad frente a una empresa extranjera. Aceptar semejante criterio implicaría introducir una distinción incompatible con los principios de igualdad y responsabilidad que deberían orientar el funcionamiento del sistema judicial. ### La religión no puede reemplazar a los fundamentos jurídicos La legislación argentina contempla la posibilidad de que los fiscales soliciten apartarse de determinados expedientes cuando existen motivos legítimos que comprometan su actuación. Es una garantía destinada a preservar la objetividad del proceso, no un recurso para evitar intervenciones incómodas o controversias públicas. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, número 27.148, establece que sus integrantes deben promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, con independencia y objetividad. Desde esa perspectiva, el planteo atribuido a Rapoport merece una explicación institucional precisa. Si existía algún vínculo personal, económico o profesional que pudiera comprometer su intervención, correspondía identificarlo. Pero si el único motivo era su identidad religiosa y la eventual repercusión pública de una decisión, resulta difícil encontrar una justificación suficiente para abandonar sus responsabilidades. El temor a las críticas, por desagradables que puedan resultar, tampoco puede convertirse automáticamente en una causal de excusación. De lo contrario, bastaría con anticipar una controversia en las redes sociales para intentar eludir un expediente de trascendencia pública. Según la entrevista publicada por *Pal'Sur*, la jueza federal Mariel Ester Borruto rechazó el pedido de excusación del fiscal, aunque también desestimó la medida cautelar presentada por la Fundación Argentina Azul. Hasta el momento, no se dispone públicamente del escrito original de Rapoport ni de la resolución que permita examinar de manera independiente los fundamentos de ambas decisiones. ### Los negocios petroleros en Malvinas El episodio adquiere mayor relevancia por el contexto económico y geopolítico de la controversia. Entre las empresas que participan en proyectos petroleros en las Islas Malvinas se encuentra Navitas Petroleum, de origen israelí, vinculada al desarrollo offshore Sea Lion, al norte del archipiélago. No se trata de una compañía desconocida para las autoridades argentinas. En abril de 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina y dispuso su inhabilitación por veinte años para operar en territorio nacional, medida que fue comunicada oficialmente por la Cancillería. El conflicto, por lo tanto, no gira alrededor de la religión de los empresarios ni de sus convicciones personales, sino de actividades económicas desarrolladas bajo autorizaciones que la Argentina desconoce por considerar que afectan sus derechos soberanos. La diferencia es fundamental. Las actuaciones de una empresa israelí pueden ser investigadas, cuestionadas o sancionadas en función de la legislación argentina, exactamente como ocurriría con una compañía británica, estadounidense, china o de cualquier otro país. La identidad religiosa de un fiscal argentino no debería alterar ese principio. En cuanto al Danstar, su viaje inaugural desde Punta Arenas hacia Malvinas está previsto para diciembre, según las últimas informaciones difundidas por medios chilenos. La nueva conexión comercial generó cuestionamientos en sectores argentinos que advierten sobre la posibilidad de que contribuya al sostenimiento logístico y económico de las actividades desarrolladas bajo administración británica. Sin embargo, no está demostrado que la carga de esta primera travesía esté destinada al proyecto petrolero Sea Lion. ### Una explicación que la Justicia debería dar La controversia también deja expuesta la necesidad de distinguir entre el legítimo derecho de cualquier funcionario a profesar una religión y su obligación de actuar con independencia. Rapoport tiene pleno derecho a sus creencias, a su identidad y a reclamar protección frente a cualquier manifestación de antisemitismo. Nada de eso está en discusión. Lo que merece ser examinado es la utilización de esa identidad como fundamento para solicitar el apartamiento de una investigación judicial, particularmente cuando se trata de intereses económicos extranjeros vinculados con un territorio cuya soberanía reclama la Argentina. Tampoco corresponde concluir, a partir de este episodio, que el funcionario carezca de compromiso con la cuestión Malvinas. Existen antecedentes de su intervención en otros expedientes sobre la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. Precisamente por eso resulta necesario conocer cuáles fueron sus argumentos en esta causa particular. La defensa de la soberanía argentina exige instituciones capaces de actuar conforme a derecho, sin distinciones basadas en el origen, la religión o la nacionalidad de los involucrados. El Ministerio Público Fiscal debería esclarecer qué motivos concretos fueron invocados por Rapoport y qué respuesta institucional recibieron. No para cuestionar sus creencias, sino para establecer si se trató de una excusación jurídicamente fundada. **Porque la Justicia argentina puede estar integrada por funcionarios de cualquier religión, pero sus decisiones no pueden depender de afinidades religiosas, identidades culturales ni presuntas lealtades hacia Estados extranjeros.**Su única obligación institucional es con **la Constitución**, las leyes y los intereses generales de la sociedad. **El episodio plantea un interrogante sobre los límites entre las convicciones personales y las obligaciones de los funcionarios judiciales.** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.