--- canonical_url: "https://neuquennews.com.ar/contenido/29355/de-cristina-kirchner-a-javier-milei-la-deuda-publica-crecio-mas-de-us-347000-mil" title: "De Cristina Kirchner a Javier Milei: la deuda pública creció más de US$ 347.000 millones y condiciona el futuro de los argentinos" article_type: "Article" description: "Desde 2007, la deuda bruta del Estado nacional pasó de US$ 137.114 millones a US$ 484.229 millones, un incremento del 253%. Todos los gobiernos aumentaron el endeudamiento nominal, pero el análisis de su composición revela diferencias fundamentales. El préstamo de Mauricio Macri con el FMI estuvo acompañado por una importante salida de capitales y fue objeto de severas observaciones de los organismos de control. Javier Milei, por su parte, mantiene una deuda bruta creciente y un programa de ajuste que redujo distintos gastos sociales mientras aumentan los pagos de intereses." main_image: "https://neuquennews.com.ar/download/multimedia.miniatura.a13ff4e0566d60fb.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-27T12:12:00-03:00" date_modified: "2026-10-27T13:00:59-03:00" tags: - "#AlbertoFernández" - "#CristinaFernández" - "#DeudaPública" - "#FMI" - "#JavierMilei" - "#MauricioMacri" author_name: "NeuquenNews" author_url: "https://neuquennews.com.ar/usuario/2/neuquennews" author_social_links: - "https://www.facebook.com/NeuquenNewsOk" - "https://twitter.com/home" - "https://www.instagram.com/neuquennews/" - "https://www.youtube.com/@neuquennews" category_name: "DE NUESTRA REDACCIÓN" category_url: "https://neuquennews.com.ar/categoria/2/de-nuestra-redaccion" category_description: "La mirada y la palabra propia de temas que son de opinión actual y caliente en la política local" --- # De Cristina Kirchner a Javier Milei: la deuda pública creció más de US$ 347.000 millones y condiciona el futuro de los argentinos **La deuda pública argentina constituye mucho más que un problema financiero. Su evolución permite reconstruir decisiones políticas, modelos económicos, relaciones con los organismos internacionales y disputas sobre la distribución de los recursos nacionales. Detrás de las cifras aparecen cuestiones concretas: quién recibe el financiamiento, en qué se utiliza, quiénes se benefician de esas operaciones y qué sectores sociales terminan afrontando los costos.** Una reconstrucción publicada por [**DatoPuro**](https://datopuro.com.ar/indicadores/deuda-publica), a partir de información de la **Secretaría de Finanzas de la Nación**, permite observar que entre 2007 y septiembre de 2026 la deuda bruta pasó de US$ 137.114 millones a US$ 484.229 millones. Se trata de un crecimiento acumulado de US$ 347.115 millones, equivalente al 253%, expresado en dólares corrientes. Sin embargo, no todos los aumentos de deuda representan nuevas divisas obtenidas del exterior. Parte de las variaciones responde a obligaciones entre organismos públicos, ajustes de valuación, capitalización de intereses y refinanciaciones. Por eso, para comprender el proceso de endeudamiento, es indispensable distinguir el crecimiento nominal de los pasivos, su composición, los compromisos con acreedores externos y las condiciones económicas necesarias para afrontarlos. ![La deuda aumentó con todos los gobiernos (3)](/download/multimedia.normal.a444f43545701944.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) ## Cristina Kirchner: el crecimiento de las obligaciones y la transformación de sus acreedores Durante las dos presidencias de **Cristina Fernández de Kirchner**, entre 2007 y 2015, la deuda bruta aumentó aproximadamente US$ 102.845 millones, desde US$ 137.114 millones hasta US$ 239.959 millones. El incremento nominal fue considerable, pero estuvo acompañado por cambios importantes en la estructura del endeudamiento. **Durante el primer mandato, la relación deuda-PBI descendió del 62,1% registrado en 2007 al 38,9% de 2011.** Esto significa que las obligaciones crecieron en dólares, pero disminuyeron en relación con el tamaño de la economía. **Una de las características de aquel período fue la creciente participación de organismos públicos entre los acreedores del Tesoro. El Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y otras entidades estatales** pasaron a ocupar un lugar central en la estructura de financiamiento. **Este mecanismo no elimina las obligaciones ni sus efectos económicos, pero introduce una diferencia respecto del endeudamiento externo: las deudas entre organismos del propio Estado presentan condiciones de refinanciación distintas a las exigidas por acreedores privados internacionales.** Durante el segundo mandato, la situación comenzó a deteriorarse. La deuda creció otros US$ 64.635 millones y alcanzó el 52,6% del PBI al finalizar 2015. El estancamiento económico, las restricciones cambiarias, los desequilibrios fiscales y las dificultades para acceder a financiamiento externo condicionaron la administración de los pasivos públicos. El período kirchnerista muestra así una doble trayectoria: reducción inicial del peso relativo de la deuda y posterior crecimiento, acompañado por una estructura financiera donde el propio sector público adquirió una participación significativa. ## Mauricio Macri: endeudamiento externo, fuga de capitales y el préstamo del FMI La administración de **Mauricio Macri** recibió una deuda bruta aproximada de US$ 239.959 millones y dejó US$ 310.882 millones. La diferencia fue de US$ 70.923 millones, equivalente a un aumento del 29,6%. Pero el rasgo central de su gestión no fue exclusivamente el incremento nominal, sino la transformación de las fuentes de financiamiento y la exposición del Estado a obligaciones en moneda extranjera. Con el regreso de Argentina a los mercados internacionales después de los acuerdos con acreedores que no habían participado de los canjes anteriores, el gobierno implementó una estrategia de financiamiento externo destinada a sostener el gradualismo fiscal, cubrir vencimientos y atender necesidades financieras. La expectativa oficial era recuperar la confianza de los inversores, atraer inversiones y favorecer el crecimiento. Sin embargo, el financiamiento obtenido no logró estabilizar la economía. A partir de 2018, la interrupción de los flujos de capitales, la presión sobre el dólar y la salida de fondos del sistema financiero condujeron a una crisis cambiaria. En ese contexto, el gobierno recurrió al **Fondo Monetario Internacional** y obtuvo la aprobación del mayor acuerdo stand-by de la historia del organismo hasta ese momento. ### El préstamo de US$ 57.000 millones y las conclusiones del propio FMI El acuerdo aprobado inicialmente en junio de 2018 contemplaba US$ 50.000 millones. Posteriormente fue ampliado hasta aproximadamente US$ 57.000 millones, de los cuales Argentina recibió efectivamente alrededor de US$ 44.200 millones. La operación fue presentada como una herramienta para recuperar la confianza, sostener las reservas internacionales, atender necesidades fiscales y financieras y normalizar el acceso a los mercados de crédito. Sin embargo, **la evaluación retrospectiva que el propio FMI publicó en diciembre de 2021 reconoció que el programa no alcanzó sus objetivos**, pese a las modificaciones realizadas durante su implementación. El organismo identificó entre los factores principales la persistencia de vulnerabilidades estructurales, la insuficiencia del diseño económico, la salida de capitales, las presiones cambiarias y las dificultades para restablecer la confianza de los mercados. La evaluación también señaló que la depreciación del peso incrementó la inflación, elevó el valor de la deuda expresada en moneda nacional y debilitó los ingresos reales, especialmente entre los sectores más vulnerables. Otro aspecto relevante es que el programa terminó interrumpido después de completarse solamente cuatro de las doce revisiones previstas. **La asistencia extraordinaria no logró restablecer la sostenibilidad financiera ni producir el crecimiento económico esperado.** Estas conclusiones tienen especial importancia porque no proceden exclusivamente de una interpretación opositora. Forman parte de la [evaluación oficial publicada por el FMI](https://www.imf.org/es/news/articles/2021/12/22/pr21401-argentina), aunque el organismo sostuvo que sus procedimientos internos aplicables habían sido cumplidos. ### ¿Adónde fueron los dólares del endeudamiento? Una investigación del Banco Central, publicada en mayo de 2020 y dedicada a reconstruir las operaciones cambiarias entre 2015 y 2019, permite examinar la relación entre el financiamiento externo y la formación de activos en moneda extranjera. **De acuerdo con ese trabajo, durante todo el gobierno de Macri la formación de activos externos de residentes —habitualmente denominada fuga de capitales— superó los US$ 86.000 millones.** Durante la primera etapa, entre diciembre de 2015 y comienzos de 2018, aproximadamente ocho de cada diez dólares ingresados mediante operaciones financieras externas correspondieron a endeudamiento y capitales especulativos. El Banco Central estimó que esas entradas financieras alcanzaron unos US$ 100.000 millones. **Cuando se produjo el cierre de los mercados voluntarios de crédito y Argentina recurrió al FMI, la salida de capitales se aceleró. Desde mayo de 2018 hasta el final del período analizado, la formación de activos externos alcanzó aproximadamente US$ 45.100 millones.** El informe también mostró una fuerte concentración de estas operaciones: **apenas cien agentes económicos acumularon compras netas por US$ 24.679 millones, mientras que los diez principales compradores concentraron US$ 7.945 millones.** Estos datos no significan que pueda identificarse cada dólar desembolsado por el FMI con una operación particular de compra de divisas. Los recursos financieros son fungibles y tuvieron distintos usos, entre ellos apoyo presupuestario, fortalecimiento de reservas y atención de obligaciones. Sin embargo, el ingreso de financiamiento externo permitió sostener durante parte del período un régimen cambiario en el que simultáneamente se registraban importantes salidas privadas de capitales. **El propio FMI reconoció en su evaluación de 2021 que el programa enfrentó una creciente fuga de capitales de residentes, mientras que el Banco Central documentó estadísticamente su magnitud y concentración.** La discusión sobre el destino del préstamo no se limita, entonces, a una afirmación política. Existe evidencia oficial sobre la simultaneidad entre desembolsos extraordinarios, pagos financieros, pérdida de reservas y formación de activos externos por parte del sector privado. La pregunta económica y social es inevitable: **¿qué beneficios duraderos recibió el país por un endeudamiento de semejante magnitud y qué capacidad productiva adicional se generó para afrontar sus vencimientos?** ### Una deuda que no fue sometida a aprobación legislativa específica Otro aspecto del préstamo de 2018 es el procedimiento institucional utilizado para su contratación. El artículo 75 de la Constitución Nacional establece entre las atribuciones del Congreso, en sus incisos 4 y 7, la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de su deuda interior y exterior. **Pese a la magnitud del acuerdo, el préstamo de 2018 no fue sometido a la aprobación específica de ambas cámaras legislativas mediante una ley.** Aquí corresponde introducir una precisión jurídica. El artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera contemplaba entonces una excepción a la autorización legislativa específica para operaciones de crédito con organismos internacionales de los que Argentina formara parte. La controversia radica en la relación entre esa excepción legal y las competencias que la Constitución atribuye al Congreso. Por lo tanto, la ausencia de una ley particular es un hecho comprobado, pero no corresponde presentarla por sí sola como una declaración judicial definitiva de inconstitucionalidad. **La Auditoría General de la Nación examinó el proceso de contratación y formuló observaciones especialmente relevantes. Su informe de 2023 señaló deficiencias en los procedimientos de autorización, negociación y contratación, así como la ausencia de dictámenes y controles exigidos por la normativa vigente.** Entre las observaciones se encuentra el incumplimiento del artículo 61 de la Ley 24.156, que exige la intervención del Banco Central para evaluar el impacto de las operaciones de deuda externa sobre la balanza de pagos. **La AGN también identificó problemas relacionados con la competencia de los funcionarios intervinientes, la documentación respaldatoria, la evaluación de riesgos y la transparencia de la operación.** Estos hallazgos se sumaron a los de la Sindicatura General de la Nación, que había observado la ausencia de procedimientos esenciales y autorizaciones suficientes en la celebración del acuerdo. En 2021, posteriormente a la contratación del préstamo, el Congreso sancionó la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Su artículo 2 estableció expresamente que los nuevos programas de financiamiento con el FMI y sus ampliaciones requerirían aprobación legislativa. La norma no se aplica retroactivamente al convenio de 2018, pero modificó el marco de autorización de futuros acuerdos con el organismo. El debate institucional trasciende las responsabilidades de una administración. Se trata de determinar qué controles democráticos deben intervenir cuando el Poder Ejecutivo asume compromisos financieros capaces de condicionar presupuestos y decisiones económicas durante numerosos años. ## La pesada herencia **El gobierno de Macri terminó en 2019 con una deuda bruta cercana a US$ 311.000 millones, una relación deuda-PBI del 89,8%, una economía en recesión y un elevado volumen de obligaciones externas.** Los indicadores muestran que el endeudamiento no consiguió restablecer una trayectoria sostenible de crecimiento. Por el contrario, la pérdida de acceso al crédito y la crisis cambiaria precipitaron nuevas restricciones económicas. **La salida de capitales, la pérdida de reservas y la necesidad posterior de renegociar las obligaciones con el FMI dejaron una herencia financiera que condicionó a los gobiernos siguientes.** El caso expone una cuestión de fondo: el ingreso de divisas mediante préstamos no asegura que esos fondos se conviertan en inversiones productivas, infraestructura o desarrollo económico. Cuando el endeudamiento convive con fuertes movimientos especulativos y fuga de capitales, una parte considerable de sus beneficios puede quedar concentrada en operaciones financieras, mientras las obligaciones permanecen en el balance del Estado. ## Alberto Fernández: el mayor aumento nominal y la continuidad del problema La gestión de **Alberto Fernández** recibió una deuda de US$ 310.882 millones y dejó US$ 423.150 millones, registrando un incremento de US$ 112.268 millones, equivalente al 36,1%. Fue el mayor aumento absoluto de la serie analizada. Sin embargo, una parte importante correspondió a obligaciones en pesos y financiamiento entre organismos del propio sector público, cuya naturaleza es distinta de la deuda externa exigible en divisas. **El gobierno debió administrar los vencimientos heredados del acuerdo de 2018, renegoció los compromisos con acreedores privados en 2020 y alcanzó en 2022 un nuevo programa con el FMI para refinanciar las obligaciones del préstamo anterior.** La pandemia, la contracción económica de 2020, los desequilibrios fiscales, las dificultades de financiamiento y la escasez de reservas agravaron las restricciones existentes. Pero el contexto extraordinario no explica por sí solo toda la evolución del endeudamiento. La persistencia de déficits, los problemas de coordinación económica y la aceleración inflacionaria también condicionaron los resultados. El período terminó con fuertes desequilibrios monetarios y cambiarios, elevadas tasas de inflación y una importante pérdida de capacidad adquisitiva de la población. La renegociación permitió modificar vencimientos, pero no consiguió resolver estructuralmente el problema del financiamiento argentino. ## Javier Milei: una deuda bruta creciente en medio del ajuste fiscal Javier Milei llegó al gobierno en diciembre de 2023 con un programa de eliminación del déficit, reducción del gasto estatal y estabilización monetaria. Sin embargo, **los datos muestran que el superávit fiscal no se tradujo en una disminución del stock nominal de deuda bruta de la Administración Central.** De acuerdo con la serie elaborada por [DatoPuro](https://datopuro.com.ar/indicadores/deuda-publica), la deuda pasó de US$ 423.150 millones al inicio de su mandato a US$ 484.229 millones en septiembre de 2026. **El incremento asciende a US$ 61.079 millones**, equivalente al 14,4%. La estadística oficial que también incluye obligaciones pendientes de antiguos canjes registra US$ 486.628 millones para septiembre de 2026. La diferencia entre estas cifras y el discurso oficial del equilibrio fiscal exige distinguir conceptos económicos. El superávit primario refleja el resultado entre ingresos y gastos antes de intereses, mientras que el stock de deuda también se modifica por refinanciaciones, capitalización, valuación cambiaria y transferencia de pasivos entre organismos. De hecho, durante la gestión actual parte de las obligaciones del Banco Central fueron trasladadas al Tesoro. Esto puede incrementar la deuda bruta del Estado nacional sin generar un aumento equivalente del endeudamiento consolidado del sector público. Según la estimación de **DatoPuro**, la deuda consolidada neta de reservas descendió de US$ 246.798 millones en el corte anterior al cambio presidencial a US$ 226.586 millones en marzo de 2026. Este indicador, elaborado con una metodología diferente y con una fecha de corte anterior a septiembre, no debe confundirse con la deuda bruta. Ambos datos son necesarios para evaluar correctamente la situación. ### Un nuevo acuerdo con el FMI y la continuidad del financiamiento externo **En abril de 2025, el gobierno de Milei alcanzó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por US$ 20.000 millones.** La operación tuvo como objetivos declarados fortalecer la posición financiera del Banco Central, favorecer la acumulación de reservas, atender obligaciones existentes y acompañar el programa de estabilización económica. En mayo de 2026, luego de la segunda revisión, el FMI informó que los desembolsos acumulados bajo ese programa alcanzaban aproximadamente US$ 15.800 millones. El convenio seguía sujeto a revisiones y condiciones posteriores. El procedimiento de autorización también generó una controversia institucional: **el Poder Ejecutivo utilizó el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025 para aprobar las operaciones de crédito, pese a que desde 2021 la Ley 27.612 exige aprobación por ley.** Posteriormente, el 19 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados declaró la validez del DNU con 129 votos afirmativos, 108 negativos y seis abstenciones. Este antecedente no es idéntico al de Macri, porque existió una intervención legislativa posterior, pero plantea nuevamente el debate sobre el procedimiento para asumir compromisos de largo plazo con organismos internacionales. La continuidad de la relación financiera con el FMI demuestra, además, que el superávit fiscal y la reducción de la emisión monetaria no eliminaron la dependencia de Argentina respecto del financiamiento internacional. ### El costo social del ajuste: jubilaciones, inversión pública y programas sociales La otra dimensión de la política de endeudamiento es su relación con el presupuesto y las condiciones de vida. **La administración Milei desarrolló un programa de fuerte reducción del gasto público real. Durante 2024, la Oficina de Presupuesto del Congreso registró una caída del 25,9% en los gastos totales de la Administración Nacional, ajustados por inflación.** Entre las reducciones más significativas aparecieron los gastos de capital, que disminuyeron 73,9%; **las prestaciones sociales, con una caída del 17%; los subsidios económicos, que bajaron 37,8%; y las transferencias corrientes a provincias, que se redujeron 75,6%.** Estos recortes permitieron mejorar los resultados fiscales, aunque implicaron la postergación de proyectos de infraestructura, la disminución del financiamiento a diferentes programas estatales y modificaciones importantes en la distribución del gasto. En 2025 se registraron incrementos reales en algunas prestaciones previsionales y transferencias, pero la situación siguió siendo desigual. El impacto dependió del tipo de beneficio y de la trayectoria de los ingresos desde el comienzo de la gestión. Un ejemplo relevante es el de los jubilados que perciben el haber mínimo. Aunque la prestación principal pasó a actualizarse mensualmente por la inflación que declara el gobierno, el bono extraordinario de $70.000 permaneció sin modificaciones desde marzo de 2024 y continuó con ese valor en octubre de 2026. Como consecuencia, el componente adicional fue perdiendo poder adquisitivo. De acuerdo con una reconstrucción publicada por **Chequeado**, **la jubilación mínima con bono acumulaba una pérdida real del 9,4% respecto de noviembre de 2023**, mientras que otras jubilaciones, especialmente las que no reciben ese complemento, presentaban trayectorias distintas. Los informes presupuestarios muestran también que **durante los primeros ocho meses de 2026 el gasto real en programas sociales disminuyó 22,6% interanual**, con **caídas vinculadas a iniciativas como Volver al Trabajo, políticas alimentarias y atención médica de beneficiarios de pensiones no contributivas.** La reducción de estas partidas no demuestra por sí sola un incumplimiento financiero ni permite establecer que sus recursos hayan sido directamente destinados a pagar deuda. Pero sí permite observar una decisión de distribución presupuestaria que disminuye el financiamiento de determinadas prestaciones en el marco de una política de consolidación fiscal. ### Menos recursos para determinadas políticas sociales, más intereses de deuda Los datos de septiembre de 2026 de la **Oficina de Presupuesto del Congreso** introducen un contraste significativo. Durante los primeros nueve meses del año, la Administración Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente $15,1 billones y un superávit financiero de $2,5 billones. **Sin embargo, en ese mismo período, los pagos de intereses de la deuda aumentaron un 28,2% real respecto de igual tramo de 2025, principalmente por compromisos asociados a títulos públicos en moneda extranjera.** Mientras tanto, los subsidios a la energía y al transporte cayeron, respectivamente, un 21,3% y un 18,8% en términos reales. En materia universitaria se registraron aumentos de fondos para salarios, pero disminuciones en las partidas destinadas al funcionamiento. El contraste revela una cuestión central sobre las prioridades del presupuesto: aun cuando se consigue mejorar el resultado fiscal, las obligaciones financieras pueden continuar absorbiendo recursos crecientes, mientras otras funciones estatales enfrentan restricciones. **El debate no consiste en desconocer la necesidad de cumplir compromisos legales y evitar una crisis financiera. Consiste en analizar cómo se distribuyen los esfuerzos necesarios para sostener esa política económica y qué consecuencias produce sobre los sectores que dependen de los ingresos y servicios públicos.** ### Pobreza, empleo y consumo: los indicadores sociales del programa económico La evolución de la pobreza durante el gobierno de Milei muestra una trayectoria que no puede resumirse en una sola cifra. **Según el INDEC, en el segundo semestre de 2023 el 41,7% de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Durante el primer semestre de 2024, después de la devaluación inicial y la aceleración de precios, el indicador aumentó al 52,9%.** Posteriormente, con la desaceleración inflacionaria y cambios en los ingresos reales, la pobreza disminuyó hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025. **Sin embargo, el primer semestre de 2026 mostró un nuevo deterioro: el índice volvió a subir al 32,3%, mientras que la indigencia alcanzó al 7,5% de la población de los aglomerados relevados.** Esto significa que, aun cuando la pobreza se ubica por debajo del nivel registrado al comienzo de la gestión, los últimos datos disponibles muestran un retroceso respecto de la mejora alcanzada en 2025. Otros indicadores reflejan tensiones persistentes. **La desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, mientras que las ventas de supermercados, medidas a precios constantes, cayeron 3,7% interanual en agosto.** El escenario combina, por lo tanto, resultados favorables en materia de reducción de la inflación respecto de los niveles heredados, con dificultades en el empleo, el consumo y la distribución del ingreso. No todos estos fenómenos pueden atribuirse exclusivamente a la política de deuda. Intervienen también la evolución salarial, el nivel de actividad, las decisiones monetarias, la estructura productiva y otras variables. Pero conforman el contexto social dentro del cual se aplica el ajuste fiscal y se administran los compromisos financieros del Estado. ## El interrogante sobre la sostenibilidad social del programa **La cuestión central es si una política de estabilización basada en la reducción del gasto y la búsqueda de superávit fiscal puede sostenerse en el tiempo sin deteriorar los servicios públicos, la infraestructura y las condiciones de vida de amplios sectores de la población.** Desde la perspectiva oficial, la disciplina fiscal, la reducción de la inflación y la normalización financiera constituyen condiciones para recuperar las inversiones y mejorar los ingresos en el futuro. Desde una perspectiva distributiva, el interrogante es qué ocurre durante ese proceso con los trabajadores, jubilados, beneficiarios de políticas sociales y regiones que dependen de la inversión pública. Ambas cuestiones deben examinarse mediante resultados comprobables. Los avances en estabilización macroeconómica no eliminan los costos sociales del ajuste, del mismo modo que el aumento de una obligación financiera no permite por sí solo establecer un deterioro de la sostenibilidad de la deuda. El desafío consiste en determinar si la estabilización económica se traduce en empleo de calidad, mayor capacidad productiva, salarios suficientes e infraestructura, o si la mejora de las cuentas fiscales convive con restricciones persistentes sobre el desarrollo social. ## Una deuda que atraviesa gobiernos, pero con responsabilidades diferentes La comparación histórica demuestra que el crecimiento de la deuda pública argentina no puede adjudicarse exclusivamente a una administración ni explicarse mediante una única interpretación política. **Cristina Kirchner** combinó una primera etapa de reducción del peso relativo de la deuda con un aumento posterior de las obligaciones y de la participación de organismos públicos entre los acreedores. **Mauricio Macri** amplió el endeudamiento externo y recurrió a un préstamo extraordinario del **FMI**cuyo programa fue evaluado negativamente por el propio organismo, en un contexto de salida de capitales y de irregularidades administrativas documentadas por organismos nacionales de control. **Alberto Fernández** registró el mayor aumento nominal del stock durante un período atravesado por la pandemia, restricciones económicas y la refinanciación de obligaciones anteriores. **Javier Milei**, finalmente, implementó una política de ajuste fiscal que mejoró distintos resultados presupuestarios, pero que convive con un aumento de la deuda bruta, un nuevo acuerdo con el **FMI**, mayores pagos de intereses en 2026 y resultados sociales que presentan diferencias importantes entre sectores. Estas trayectorias no son equivalentes. Los montos deben analizarse junto con la composición de la deuda, sus acreedores, las condiciones financieras y la evolución de la economía. **Pero existe un elemento común: las decisiones de endeudamiento trascienden los mandatos presidenciales y generan obligaciones que deben administrar gobiernos posteriores.** ## La deuda pública también es una discusión sobre democracia y distribución del ingreso El endeudamiento constituye una herramienta legítima de financiamiento estatal cuando responde a objetivos sostenibles y existe capacidad de repago. Puede permitir la realización de inversiones estratégicas, financiar infraestructura y distribuir en el tiempo los costos de proyectos que generan beneficios duraderos. Sin embargo, también puede convertirse en un mecanismo de transferencia intertemporal de obligaciones: decisiones tomadas en el presente que comprometen recursos futuros sin que necesariamente se hayan creado las condiciones productivas para afrontarlas. En ese sentido, las experiencias de las últimas décadas permiten formular preguntas que siguen abiertas. - ¿Cuánto del endeudamiento argentino se destinó efectivamente al desarrollo productivo? - ¿Qué proporción permitió sostener desequilibrios financieros o refinanciar pasivos anteriores? - ¿Quiénes obtuvieron beneficios de las operaciones y quiénes enfrentaron sus consecuencias? El control legislativo, la transparencia sobre el destino de los fondos y la evaluación de resultados económicos y sociales no constituyen cuestiones secundarias. Son elementos necesarios para determinar la responsabilidad pública por decisiones que comprometen recursos nacionales durante décadas. **Después de casi veinte años de crecimiento sostenido de la deuda nominal, Argentina mantiene pendiente una discusión fundamental.** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.